quinta-feira , 23 novembro 2017
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JUEZ DE AMAMBAY TENDRÍAN FAVORECIDO A PRÓFUGOS DEL CASO DE MENOR OBLIGADA A INGERIR SODA CAUSTICA

Las dos resoluciones que dictaron los camaristas en presunta violación de la ley saltaron a la luz en el auto interlocutorio dictado por el juez de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, en el caso de la menor que fue obligada a ingerir soda cáustica.

Por el hecho, Lorena Delvalle y su concubino Anderson Ríos fueron imputados por el fiscal de Pedro Juan Caballero Martín Areco, quien les atribuyó la comisión de delitos de tentativa de homicidio, lesión grave, coacción sexual y coacción.

A su vez, las fiscalas Teresa Martínez y María Isabel Arnold, de la unidad especializada de Trata de Personas, que tiene jurisdicción nacional, también había imputado a la pareja por explotación infantil.

Como Delvalle y Ríos estaban prófugos, el fiscal Areco inclusive impartió orden de captura internacional.

Sin embargo, el juez Ramírez levantó la captura que pesaba sobre los imputados y los eximió de la detención, a pesar de que ambos eran prófugos de la justicia.

El sistema judicial de nuestro país no permite litigar desde la clandestinidad, por lo que el magistrado habría violado claras disposiciones legales. Es por eso que el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, ordenó una auditoría.

El estudio del expediente tramitado por el juez Ramírez está a cargo de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, cuyo director es el abogado Marío Elizeche. Ahora se espera el resultado de la auditoría, que evidentemente debe ser ampliada a los miembros de la Cámara de Apelaciones, atendiendo que estos, en dos resoluciones señaladas por el magistrado Ramírez, también permitieron que dos prófugos litigaran desde la clandestinidad.

Es una vergüenza cómo jueces y camaristas distorsionan la ley. Es por eso se espera el resultado de la auditoría y también que el Jurado de Enjuiciamiento tome medidas al respecto.

Ya Los camaristas, Modesto Cano Vargas, Jesús Lird Rodríguez y Ruperto Maciel Ortiz levantaron las órdenes de captura que pesaban contra un procesado por homicidio doloso y otro enjuiciado por tráfico de marihuana, pese a que los mismos estaban prófugos de la justicia. Los magistrados habrían actuado irregularmente, atendiendo que nuestro sistema penal no permite litigar desde la clandestinidad.

En el expediente caratulado “Ministerio Público contra Óscar Duarte y otros sobre homicidio doloso” tuvieron intervención los camaristas Cano Vargas, Lird Rodríguez y Maciel Ortiz. Los mismos, por auto interlocutorio N° 51 del 13 de marzo del 2014, revocaron una resolución de un juez de primera instancia por la cual se rechazó el levantamiento de la orden de detención del imputado Óscar Duarte.

“La presentación del declarado rebelde y con orden de captura, hecha a través de su abogado defensor, basta por sí para el levantamiento de la rebeldía y la orden de captura, fundada en que el imputado aún no fue oído conforme al artículo 242 del Código Procesal Penal. Así, ante la presentación voluntaria del procesado, el juez de la causa debió convocar al mismo a una audiencia de medida cautelar y una vez sustanciada dicha audiencia, decidir sobre el mérito de la imposición de la prisión preventiva o de sus alternativas”, dijeron los camaristas.

Los miembros del tribunal hicieron referencia al artículo 249 del Código Procesal Penal que dice: “El imputado podrá presentarse por sí o por medio de un abogado ante el juez, antes de la aplicación de la medida, por escrito o en forma oral, solicitando que se lo exima de la prisión preventiva o de las otras medidas cautelares…”. También mencionaron el último párrafo del artículo 83 del mismo código que establece: “…cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y continuará el procedimiento, quedando sin efecto la orden de captura”.

“De lo precedentemente expuesto, se concluye que lo correcto y aplicando el debido proceso legal, es que ante la presentación voluntaria del imputado por medio de su abogado defensor, tal como tienen previstos los citados artículos 83 último párrafo y 249 del Código Procesal penal, se procede a la eximición de las medidas cautelares que pesan en contra del mismo”.

Por otro lado, la fiscala Valeriana Ferreira Duarte pidió a la Cámara que confirme la resolución de primera instancia o sea que se rechace el levantamiento de la orden de detención.

La agente del Ministerio Público afirmó que no se cumplió lo establecido en la última parte del artículo 83 del Código Procesal Penal.

“Primeramente el imputado deberá ponerse a disposición de la autoridad que lo requiera, en este caso el juzgado de garantías, para luego cesar su estado de rebeldía y en consecuencia solicitar lo que corresponda en derecho. En el caso que nos ocupa, el citado imputado no compareció ante la Magistratura”, señaló la fiscala en su dictamen, que fue ignorado por los tres miembros de la Cámara de Apelación de Pedro Juan Caballero.

Caso tráfico

En el expediente caratulado “Ministerio Público contra Ángel Silva Dávalos y otros sobre posesión y tráfico de marihuana” intervinieron los camaristas Ruperto Maciel Ortiz, Modesto Cano Vargas y Luis Alberto Benítez Noguera. Los dos primeros votaron por el levantamiento de la orden de detención de Silva Dávalos, quien estaba prófugo, y el tercero en disidencia.

Los camaristas Cano Vargas y Maciel Ortiz señalaron lo mismo que en la resolución referida anteriormente. Solo agregaron que “no está de más acotar que seguir manteniendo al imputado en rebeldía solamente tendrá como resultado una dilación innecesaria de la causa, contrariando el principio de la búsqueda de la verdad pregonado en el artículo 172 del Código Procesal Penal, siendo que el hecho punible investigado contiene un interés público en su persecución y que la sociedad también merece una respuesta oportuna de la justicia en su dilucidación”.

Sin embargo, el camarista Benítez Noguera votó en disidencia y afirmó que el artículo 83 del Código Procesal Penal dice que el imputado tiene que ponerse voluntariamente a disposición de la autoridad que lo requiere.

“Considero que sostener lo contrario abre la posibilidad de que necesariamente el juez tenga que otorgar el levantamiento de la orden de captura, aun cuando el imputado no haya dado cumplimiento a la orden de reclusión, generando con ello la posibilidad de litigar o actuar dentro de la causa que se le sigue desde la clandestinidad, situación absolutamente inadmisible cuando se trata de la investigación de hechos punibles graves, considerados por nuestra legislación penal como ocurre en el caso que nos ocupa”, resaltó.

La fiscala del caso, Katia Uemura Montenegro, se opuso al levantamiento de la orden de captura. Alegó que la expectativa de pena para el imputado es de cinco a quince años de cárcel y que además hay fuertes indicios en contra del mismo.

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